En 1987, la Legislatura de la Florida estableció el financiamiento público para las campañas electorales de todo el estado, lo cual sostuvo que era demasiado costoso para alguien postularse para un cargo público y que los costos elevados estaban impidiendo la postulación de candidatos influyentes.

En el 2010, la Legislatura pedirá a los electores que abandonen el sistema de financiamiento público, el cual ha sido recriminado frecuentemente por la oposición, lo cual lo considera como una "asistencia pública para los políticos.”

Un voto a favor de la Enmienda 1 derogaría el sistema de financiamiento público, lo que provocaría que el 2010 sea el último año en que los candidatos a gobernador y bancas de los gabinetes puedan recibir dinero público para sus campañas electorales a cambio de restringir la cantidad total que recaudan. Un voto en contra permitiría que el sistema actual continúe más allá de la elecciones de 2010.

Originalmente el financiamiento público había sido sancionado por la Legislatura en 1998, pero los electores decidieron hacerlo parte de la Constitución. Es por este motivo por la cual los legisladores tienen que pedirles a los electores que deroguen el sistema ya que ellos mismos no pueden tomar esa decisión.

Uno de 10
De acuerdo a Causa Común (Common Cause), una organización sin fines de lucro y sin afiliación a un partido político y que respalda dicho programas, Florida es uno de 10 estados que proporcionan financiamiento público a candidatos a gobernador. Nueve estados, incluyendo la Florida, proporcionan financiamiento público para candidatos que buscan ocupar otras bancas en el estado. Seis estados permiten que los candidatos legislativos hagan uso del financiamiento.

Mientras la Florida se prepara para evaluar la posibilidad de derogar el financiamiento público, existe un movimiento en algunos estados, entre los que se incluyen California y Maryland, que quieren comenzar a ofrecer programas de "elecciones limpias” o expandir los que ya existen.

Ha habido grandes diferencias en la manera en que se ha utilizado el financiamiento público, incluso dentro del mismo estado. Por ejemplo, en Maine un candidato a gobernador nunca ha ganado una elección utilizando fondos electorales del estado.

Mientras que en el estado de Connecticut se está apelando la decisión de un juez federal que determinó que su sistema de financiamiento público es inconstitucional debido a que deja en desventaja a los candidatos de los partidos minoritarios en comparación con los Republicanos y los Demócratas. Con el fin de calificar para dinero público, Connecticut ha requerido que los partidos minoritarios demuestren que han tenido algún "éxito previo” en las urnas de votación y que reúnan firmas.

Por otro lado, la Legislatura de Wisconsin aprobó en los primeros días de Noviembre, un proyecto de ley que proporciona dinero público para los candidatos de su corte suprema.

"Los ciudadanos necesitan que su tribunal de última instancia sea completamente honesto”, sostuvo el principal redactor del proyecto de ley, el Senador Demócrata Pat Kreitlow de Chippewa Falls. "Una chequera abultada no tiene cabida en esa Cámara.”

En la Florida, la crisis presupuestaria del estado podría tener un impacto devastador en la suerte de la Enmienda 1. Es posible que los electores se rehúsen a continuar gastando millones de dólares de sus impuestos para financiar las campañas electorales, incluyendo las propagandas agresivas, cuando las escuelas están despidiendo a maestros y se están recortando muchos servicios sociales.

En el 2006, los candidatos a gobernador, director financiero, fiscal general y comisionado agrícola recibieron en conjunto $11 millones en fondos públicos. Dicho dinero proviene del fondo general del estado. Por lo tanto, ese dinero se podría haber usado, simplemente, para cualquier otra causa.

Los Participantes
La Legislatura controlada por los Republicanos, a cargo del Senador Mike Haridopolos, apoyó someter la Enmienda 1 a votación.

"Está muy claro que estamos atravesando una época donde el presupuesto es limitado”, mencionó Haridopolos en un artículo del Orlando Sentinel publicado en Marzo. "¿Por qué debemos gastar entre $10 millones y $12 millones para financiar las campañas, especialmente cuando, ya sea que se trate de Republicanos o de Demócratas, ninguno de los dos partidos parece tener problemas para recaudar dinero?”

La declaración de Haridopolos es cierta en cuanto a que la mayoría del dinero público se destina a los candidatos más importantes. Más de $7 millones del dinero del financiamiento público que se distribuyó en el 2006 se destinaron a cuatro influyentes candidatos a gobernador, quienes recaudaron un total de $44 millones por sus propios medios.

El Republicano Charlie Crist recaudó más de $20 millones en contribuciones privadas y fue el candidato que más dinero publico recibió ($3.3 millones).

Sin embargo, en los últimos años, el financiamiento público parece no proporcionar una gran ayuda para los candidatos Republicanos y Demócratas de cargos inferiores que intentan llevar acabo campañas electorales en un estado tan grande con diversos mercados de comunicación. Asimismo, un candidato de la Florida afiliado con un partido minoritario nunca ha recibido un centavo de dinero público, a pesar de no enfrentar las mismas complicaciones que los candidatos de partidos minoritarios en Connecticut.

Muchos legisladores Demócratas desean mantener el financiamiento público. Ellos señalan que los electores hicieron que esto forme parte de la Constitución del estado hace tan solo 13 años.

Después de una audiencia del comité que se llevo a cabo en 2008, la Representante Demócrata de Tallahassee, Loranne Ausley, declaró; "los electores alzaron la voz al respecto. Ellos decidieron incluir el financiamiento público en nuestra Constitución por amplia mayoría.”

En 1998, el 64% de los electores apoyaron el financiamiento público. Esa elección se efectúo durante una época de mejor clima presupuestario estatal.

Los Demócratas sostienen que la causa por la cual el programa actualmente cuesta tanto es porque la Legislatura resolvió en 2005, a pesar de las objeciones de muchos de los Demócratas, aumentar a más del triple la cantidad del dinero que podrían recaudar los candidatos, sin prejuicio del dinero público que aún recibirán.

Por ejemplo, se le permite a un candidato a gobernador recaudar hasta $24.9 millones el próximo año y aun calificar para dinero público. Antes de las elecciones de 2005, el límite había sido aproximadamente $5 millones.

Causa Común de la Florida (Common Cause of Florida) y la Liga de Mujeres Votantes de la Florida (League of Women Voters of Florida) son algunas de las organizaciones que se unieron con los Demócratas para oponerse a la derogación del financiamiento público.

"Si la intención es reducir el efecto del dinero en la política, es un avance en el sentido contrario”, declaró el año pasado Ben Wilcox, Director Ejecutivo de Causa Común de la Florida (Common Cause of Florida).

Es posible que algunos políticos, tanto Demócratas como Republicanos, tengan motivaciones de índole personal en cuanto a sus posturas sobre la Enmienda 1. En los últimos años, los Republicanos se beneficiaron más del financiamiento público debido a que recaudaron, de manera significativa, más dinero privado que los Demócratas. Sin embargo, algunos analistas políticos sostienen que esa tendencia podría empezar a cambiar después de los exitosos registros de recaudación de fondos del Presidente Barack Obama en 2008. Si los Demócratas emulan el éxito de Obama, podrían convertirse en los mayores beneficiarios del dinero público o, al menos, llegar a reducir la ventaja de los Republicanos.

A pesar de la posible importancia de la enmienda, podría ser difícil para los activistas de ambos lados obtener la atención que buscan de un electorado concentrando en la controvertida enmienda de la Democracia Local (Hometown Democracy) y en las prominentes candidaturas para los cargos de gobernador y senador de los EE.UU. que también están programadas para la votación de Noviembre del 2010.

La Historia
Desde 1994, más de $27 millones del dinero público ha sido destinado a campañas electorales para el puesto de gobernador y otros cargos del estado. Dicha cifra hubiera sido aun más elevada si el ex gobernador Jeb Bush no se hubiera rehusado aceptar dinero público durante sus tres campañas.

Durante sus primeros años, se dijo que el financiamiento público ayudo al Demócrata Lawton Chiles y el Republicano Bob Milligan a ganar sus respectivas candidaturas a gobernador y controlador estatal en 1994. En un intento anterior de abolir el programa en 1997, ambos individuos le suplicaron a la legislatura mantener el dinero público.

"Aboliendo el financiamiento público significaría fundamentalmente, colocar un letrero de venta en frente del Capitolio”, declaró Chiles en aquella época. "Significaría que nuestro sistema electoral se inclinaría hacia el mejor postor.”

Sin embargo, el entonces Portavoz del Congreso, Daniel Webster, Republicano de Orlando, catalogó al financiamiento público como un "despilfarro del dinero recaudado con impuestos.” También declaró que no debería permitirse que los candidatos políticos utilicen el dinero recaudado con impuestos solo porque se postulan para algún cargo.

Aunque ambos argumentos actualmente continúan repercutiendo, las leyes sobre el financiamiento público han cambiado significativamente.

Para poder recibir fondos públicos, un candidato para un cargo estatal debe contar con oposición y debe acordar no gastar más de $2 por elector registrado para la candidatura para gobernador y $1 por elector para las candidaturas del gabinete. Esos límites para 2010 son de $24.9 millones en la candidatura a gobernador y de $12.5 para otras candidaturas del gabinete.

En comparación con otros estados, Florida permite a los candidatos recaudar una cantidad significativamente alta de dinero privado y aún recibir dinero público. Sin embargo, Florida es mucho más grande que la mayoría de los otros estados y los candidatos deben hacer propaganda en diversos mercados de comunicación. Algunos estados con financiamiento público solo tienen uno o dos mercados de comunicación.

En un informe del 2008, el Centro para Estudios Gubernamentales (Center for Govermental Studies) con sede en California, que se define como una organización sin fines de lucro y sin afiliación a un partido político, se refirió a los limites de gastos más altos y a las grandes sumas de dinero que los partidos políticos gastan en nombre de sus candidatos, como problemas relacionados con el financiamiento público de la Florida. En vez de derogar el financiamiento público, el centro propuso efectuar 11 reformas al sistema.

Según el informe, "si bien la introducción del financiamiento público en la Florida tenía como objetivo abordar los problemas asociados con las grandes contribuciones privadas y con el dinero para fines específicos, el programa no cumple con dichos objetivos. Las contribuciones ilimitadas a los partidos políticos, junto con la facultad que tienen los partidos de gastar grandes sumas de dinero en nombre de los candidatos, significa que los grupos con intereses específicos aún pueden ejercer influencia sobre los candidatos. Los candidatos, pueden de hecho, evitar los límites de contribuciones y gastos y aún recibir fondos públicos.”

Crist recaudó más de $24 millones para su campaña electoral para gobernador en el 2006, lo que incluyó $3.3 millones de dinero público. El Demócrata principal, Jim Davis, recaudó más de $10 millones, incluyendo $1.83 millones en fondos públicos.

Con el fin de obtener el apoyo de los contribuyentes, los candidatos deben recaudar un mínimo de $150,000, en el caso de la candidatura para gobernador, y de $100,000 en el caso de las candidaturas del gabinete. Las contribuciones de los residentes de la Florida solo se tuvieron en cuenta en dichos cálculos. Los candidatos también deben limitar los préstamos personales a $25,000 y las contribuciones de los partidos políticos a $250,000.

Los candidatos que solo tienen oposición en la elección primaria deben limitar sus gastos al 60% de esos totales.

La División de Elecciones (Division of Elections) del estado determina si los candidatos califican o no para recibir fondos públicos y si pueden igualarse las donaciones individuales. Los candidatos reciben el dinero a partir de 32 días antes de la elección primaria y, en lo sucesivo, cada siete días. La primera fecha de distribución para el 2010 será el 23 de Julio, y la última será el 5 de Noviembre.

Si un candidato decide no participar en financiamiento público, se le autoriza a la oposición a recaudar tanto dinero como el candidato que no participa y aun recibir fondos públicos.

Existía un fondo fiduciario especial que ayudaba a pagar el costo del financiamiento público pero a mediados de la década de los 90, los electores lo erradicaron. Con el estado del programa en duda, una corte dictaminó que la eliminación de la fuente de financiamiento no eliminaba el programa. Desde ese entonces, los fondos del financiamiento público provienen del fondo general.

Lo que se está Diciendo
"En general, no creo que exista una gran diferencia si eso (financiamiento publico) desaparece. Los límites se han elevado tanto, y hemos tenido algunos candidatos que han demostrado que si tienes éxito en la Florida, se puede recaudar una suma importante de dinero sin el uso del financiamiento público. Dicho eso, es posible que tengas algún buen candidato para ocupar algún cargo estatal, especialmente en el gabinete, que echará de menos ese dinero. Podría influir su capacidad de realizar una campaña tan buena como la que se podría haber llevado acabo de otro modo”, sostuvo Aubrey Jewett, Profesor Adjunto de Ciencias Políticas en la Universidad of Central Florida.

"Las personas que históricamente se adhirieron (al financiamiento público) no han podido recaudar el dinero por su cuenta. Por lo general, los candidatos que le han dado la espalda no han tenido problemas (para recaudar dinero). ¿Qué tipo de impacto tiene dicha medida sobre la legislación? Pone todo en duda. Por otro lado, las personas quieren desesperadamente que se limite la parte monetaria de la política. La gente esta muy a favor de limitar la cantidad que se puede gastar en las campañas y cuanto tiempo se debe de gastar. Ninguno de estos dos factores ha pasado por debajo del microscopio legal de la Corte Suprema”, sostuvo Susan Macmanus, Profesora Universitaria con distinción de la Universidad of South Florida.

"Con informes de adquisiciones cuestionables, posiblemente a cambio de contribuciones para las campañas, yo opino que el Congreso de la Florida debería considerar nuevas reformas del financiamiento de campañas y que debería ayudar a restaurar la confianza que el pueblo tenia en sus lideres electos.” -Director Ejecutivo de Causa Común de la Florida (Common Cause of Florida), Ben Wilcox, a un panel de la Cámara de Representantes en el mes de Febrero.

"Ayuda a reducir la influencia en las elecciones de grupos con fines específicos y posibilita la postulación de candidatos que no son ricos ni están financiados por clientes adinerados. Podemos seguir el ejemplo de Maine, Arizona, Connecticut y de otros estados para resolver este problema y devolverle el gobierno de la Florida a los electores”, sostuvo Fred Markham, Coordinador de Elecciones Limpias de Space Coast Progressive Alliance, que apoya programas progresivos a nivel local, estatal y nacional.

"Es posible que $11 millones no parezca mucho dinero en un presupuesto de $66,000 millones. Sin embargo, $11 millones no dejan de ser $11 millones. Estos son fondos que podría utilizarse para fines educativos, servicios infantiles, atención medica, fuerzas policíacas y muchos otros servicios y programas esenciales. Cada uno de los fines mencionados son mas preferibles que el subsidiar la campaña de un candidato a un cargo estatal”, mencionó Scripps Treasure Coast Newspapers en una edición de Febrero.

"Si el presupuesto estatal mejora, Florida debería de tener en cuenta la posibilidad de actualizar su sistema a un financiamiento público completo para los candidatos a gobernador y los candidatos para cargos en el gabinete, en lugar del programa de financiamiento público parcial que actualmente esta vigente” se menciono en un informe del Centro para Estudios Gubernamentales (Center for Governmental Studies) de 2008.